Blog de Ivan Salcedo

El imperio de las leyes y el orden constitucional es lo que garantiza un estado de derecho y la consecución de un régimen democrático en cualquier país del mundo. Muchos se ofuscan en el concepto de que “Zelaya representa la entera voluntad del pueblo”, pero tal cosa es un absurdo, pues este hombre no es el Estado. No se olviden de hay tres poderes que le sustentan, que no sólo es el Ejecutivo, pues también está el Legislativo, amparado bajo las mismas normas de sufragio universal o voto popular que el caso presidencial, y el Poder Judicial.

Y como he dicho anteriormente, una figura presidencial electa no se constituye en autoridad hasta que realiza un compromiso con las autoridades vigentes, debidamente acreditadas y electas por el propio pueblo. Debemos abandonar el amarillismo y observar críticamente lo que se sucede ante nuestros ojos: un magnífico ejemplo de orden e institucionalidad. Unas Fuerzas Armadas que procuraron su carácter apolítico tal y como lo establece su constitución, enfrentando la ira lunática de un presidente con pretensiones continuistas marcadas y recurriendo a las instancias pertinentes (la Suprema Corte de Justicia) para desentrañar el verdadero carácter de las acciones de quien les arremetió sin la más mínima consideración. Un Congreso que se expresó decisivamente ante la tentativa de Zelaya de violentar la Constitución y la ley, llegando este a amenazarle este, sumido en un aparente estado sicótico, con una destitución forzosa mediante un decreto.  También un Tribunal Supremo de Elecciones que acató la ley al proclamar ilegal el proceso de referéndum que pretendió realizar el depuesto ex-presidente.

Les exhorto a leer la constitución hondureña de forma crítica y sin pasiones. Si así lo hacen, seguramente les dejará de inquietar el accionar del Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia de Honduras. Comprenderán que la forma en que se la ha destituido a Zelaya no es asunto de la Organización de Estados Americanos (OEA), sino exclusivamente del pueblo hondureño y las instituciones que lo representan. Me pregunto: ¿A dónde meterá la OEA a todo ese aparato institucional? ¿Desintegrará a Honduras, creando una guerra internacional y todo para imponer a una figura presidencial por alegatos como la falta al orden constitucional de este país? ¡Es completamente absurdo e incongruente con su proceder histórico! ¿Por qué mejor no exige que se le devuelva la democracia al pueblo de Cuba? ¿Por qué no ha condenado a los Presidentes de  República Dominicana y Venezuela por faltar deliberadamente al orden constitucional? ¿Por qué no hace caso a las denuncias de corrupción, de involucramiento del narcotráfico en los procesos electorales de sus países miembros?

En otro tenor, podrán argumentar ustedes: ¡Ah! Que este señor tenía excelentes propósitos para con el pueblo. Que todo ha sido una conspiración de la oligarquía y que Michelleti, entre otras cosas, nunca ha sido popular y no representa a nadie en Honduras. Pero ignoran ustedes algo vital y es que si Zelaya quería promover reforma alguna, debía hacerlo de acuerdo al marco legal, a las calidades que tiene como Presidente de la República, y no asumiendo, en base a preceptos ideológicos, cuantas atribuciones le vinieran en gana para lograr su objetivo. Él debió encauzar el establecimiento de negociaciones concertadoras entre todas las fuerzas representativas de la nación. Si entendía no iba a lograr nada con el Congreso, debío promover su reforma como ciudadano, luego de finalizado su mandato, fomentando la conciencia ciudadana para que se procediera a la elección de aquellos representantes que sí se mostrarían a favor de tal proyecto. Su yerro ahí se define, pensó que por ser una figura presidencial y el “símbolo de la voluntad popular” podía alterar el orden constitucional y la institucionalidad de su país.  Afortunadamente no se le permitió tal atropello y por tal hazaña es factible considerar el caso de Honduras como un precedente positivo para la región latinoamericana.

Finalmente podemos afirmar que en el entorno prevalecen muchas pasiones desbordadas, que no miran la naturaleza de lo acontecido en virtud a lo que establecen las leyes  y la Constitución de Honduras. Cada cual tiene el derecho a la expresión, empero debemos tratar de no fustigarnos mutuamente por este menester hondureño, pues no aquí no hemos asumido un “jartismo fascistoide” o como quieran denominarle, sino una posición coherente, responsable y consecuente con los hechos, el imperio de las leyes y la institucionalidad del hermano país centroamericano.

Una vez más quiero llamarlos a la reflexión. Dense cuenta de que Zelaya no hizo nada en comparación a lo que han realizado presidentes de nuestro pasado y presente. Debemos entender que si expresamos que le tenemos envidia a Honduras, no es porque queremos un golpe de estado en Dominicana, sino porque anhelamos un pleno respeto a las leyes y la Constitución por parte del Presidente de la República. Y que en el caso de que este se anule mentalmente, asumiendo posiciones obtusas en detrimento del estado de derecho, la paz y prosperidad del pueblo, que entonces el Congreso y la Suprema Corte de Justicia respondan como deben de responder, destituyéndolo si lo consideran pertinente.