Blog de Ivan Salcedo

Hace una semana la reconocida periodista Nuria Piera publicó un reportaje donde denunciaba un gasto considerable de recursos estatales en una serie de nominas denominadas “CB”. Según la denuncia, dichas nóminas estaban dispuestas exclusivamente para pagar a los presidentes de Comités de Base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la condición de desempleados.

En una publicación de hace una semana indiqué que el monto del fraude podría elevarse a RD$2 mil millones de pesos dependiendo del monto otorgado a la totalidad de los miembros de los Comités de Base peledeistas. No obstante, en una segunda parte del referido reportaje y ante la declaración del periodista Marino Zapate entorno al tema, se abre la posibilidad de que el monto total estimable se expanda hasta nuevas y exorbitantes cifras.

En un artículo del 28 de Noviembre del 2005, el Periodista Mariano Zapete publicó el artículo “Cuantas botellas profesor” donde se hacía eco de esta situación. Según este periodista, el PLD dispuso 2 meses antes de la fecha señalada el pago de RD$3,800 pesos a más de 70 mil presidentes de Comités de Base peledeistas. En adición a ello también cita un pago de RD$15 mil pesos a presidentes de Comités de Intermedios y de RD$25 mil pesos a Activistas Políticos.

Si se toman en cuenta dichas referencias se podría elaborar una estimación que arroje una cifra confiable sobre el monto total de recursos del estado dispuestos para el subsidio de actividades proselitistas de los dirigentes del partido oficialista. Este estimado, ante la ausencia de una cantidad específica de activistas políticos y presidentes de comités intermedios peledeistas desempleados, solo incluiría el cúmulo vinculado con los miembros de comités de base.

Fuentes: Varias: Nuria Piera, Mariano Zapete y otras más.

Si se considera un promedio de 70 mil presidentes de Comités de Base cobrando un monto promedio de RD$3,800 pesos mensuales desde el mes de septiembre del año 2005, se estaría hablando de RD$7,980 millones de pesos desde aquel entonces y hasta el pasado mes de febrero. En realidad esta es una cifra tentativa que evidentemente no considera a aquellos peledeistas que desde el 2005 han sido integrados a las nominas “CB” distribuidas en diferentes instituciones públicas de la República Dominicana.

Esta cifra, como he señalado, no incluye aquello que se dispuso, según el periodista Mariano Zapete, para los activistas políticos y comités de intermedios del PLD. Este último elemento nos señala claramente que el monto arrojado, más que un sobreestimado, podría ser un subestimado sobre las auténticas dimensiones de lo erogado.

La cifra de RD$8 mil millones de pesos, independientemente de que pudiera ser un sobreestimado o un subestimado, se constituiría en el caso de corrupción gubernamental más significativo de toda la historia dominicana. Esto si se logra comprobar o verificar la autenticidad de todo aquello que sustenta lo anunciado.

¡Vamos Arriba! ¿Una máscara para encubrir el escándalo?

En las primeras semanas de febrero, el Vicepresidente Rafael Alburquerque anunció al país la ejecución del programa ¡Vamos Arriba! . Dicho programa, según Alburquerque, se diseñó para consignar a particulares un pago por servicios variados a favor de sus respectivas comunidades. El monto otorgado a cada uno de los cien mil recipientes iba a consistir de RD$3 mil pesos mensuales.

El destape de este escándalo abre la posibilidad de que en realidad el programa ¡Vamos Arriba! sea solo una máscara fabricada por gobierno para evitar la crisis que hoy surge. Según la periodista Nuria Piera, la investigación se inició hace unos cuantos meses y no había sido publicada antes por problemas técnicos. En consiguiente a ello, podría ser posible que los agentes del partido oficialista, al haber detectado las investigaciones de la periodista, reaccionaran elaborando este controversial programa para conferirle otra dimensión al escándalo.

Es posible que en los próximos días funcionarios del gobierno relacionen las nóminas “CB” al programa Vamos Arriba como parte de una estrategia para aminorar el impacto del escándalo dentro de la opinión pública.