Blog de Ivan Salcedo

Informe de Participación Ciudadana

El informe más reciente de Participación Ciudadana sobre el actual proceso electoral en la República Dominicana muestra una clara desventaja para la oposición política en materia propagandística. Esta última condición está definida por el uso indiscriminado de recursos del estado para la promoción del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desde las instancias públicas y oficinas partidarias.

Según el organismo, el gobierno dominicano hace cuantiosas inversiones en el plano propagandístico con orientación claramente electoral. Un monitoreo de Participación Ciudadana en el Gran Santo Domingo mostró que la inversión de las entidades públicas ascendía al 43% del total de la propaganda política. Esta cifra es bastante superior a la registrada durante el monitoreo de hace algunos meses y de aquella que se registró durante la pasada campaña presidencial.

En el plano partidario, el PLD posee la supremacía sobre las inversiones en propaganda según el estudio realizado por Participación Ciudadana. El informe indicó que el 60.98% de la inversión de los partidos políticos en publicidad es proveniente del PLD. El PLD triplicó el gasto realizado por su más cercano competidor, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el cual alcanzó el 20% de la inversión total en propaganda política.

Considerando la supremacía del PLD sobre los partidos políticos en materia de gasto publicitario y la inversión estatal en la promoción de un mismo candidato, se puede afirmar que en la contienda electoral actual existe una competencia desleal. La promoción del presidente Leonel Fernández representa el 77,68% del gasto total en propaganda política dentro los medios, una cifra que hace más que triplicar lo invertido por toda la oposición política y que supera por siete y diez veces a sus dos más cercanos contendores respectivamente.

Democracia Utópica.

En ese plano, las ventajas que posee el PLD en materia de promoción mediática, comprometen seriamente el buen ejercicio de la democracia dentro el país. La falta de legislaciones para lograr que la Junta Central Electoral (JCE) posea mayores facultades en la faena de controlar los excesos de un oficialismo dado hace que la democracia en la República Dominicana sea una completa farsa.

El actual partido de gobierno ha sabido aprovechar los huecos legales que existen para presionar la labor de la JCE. Un excelente ejemplo ha sido el recurso elevado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en contra de la JCE por la decisión que este organismo tomó en torno al polémico caso de las “nominas de comités”.

El gasto del gobierno en las “Nóminas de Comités” no es fácil de estimar desde el 2005, cuando aparentemente iniciaron. Las nóminas “CB” o Comités de Base comprenden solamente el pago de RD$3 mil y RD$ 4 mil pesos mensualmente a cerca de 100 mil miembros del PLD. Por otro lado, las nominas “CI” y sus derivadas comprenden el pago de RD$15 mil a RD$20 mil pesos mensuales a los miembros de sus comités intermedios. También están las nominas “AC” y sus derivadas que se corresponden a pagos mensuales de RD$25, RD$35 y hasta RD$55 mil pesos a activistas políticos del PLD.

Definitivamente, los partidos de la oposición no pueden competir con ese compendio de gastos a través del financiamiento otorgado por la JCE. El cuantioso gasto en propaganda gubernamental y el pago de dirigentes del PLD limita el desenvolvimiento competitivo de la oposición durante el certamen electoral.

Ante esta situación, donde la JCE es descalificada y manipulada completamente por un oficialismo dado ante su respuesta sobre las acciones ilegitimas de este último, ¿Quién se dispone a defender los derechos de la oposición a competir equitativamente por el voto de los electores en contra de un oficialismo dado?

Probablemente los hechos de la actual coyuntura darán pié a una series de acciones que limitarían la injerencia del estado en las actividades de la JCE. La extorsión y la manipulación de los funcionarios de la JCE en lugar de ser la orden del día, podrían ser actos merecedores de una renuncia presidencial e inclusive más. Las condiciones del ejercicio democrático en la República Dominicana precisan de ajustes en todos los esquemas públicos para lograr ese clima favorable que es inexistente en la actualidad.